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La práctica del aborto no constituye una solución a la violencia sexual contra la mujer

Obispos mexicanos emitieron un comunicado en torno a la aplicación de la NOM-046. Según el documento, “este panorama refleja una cultura arraigada de violencia y sexualización en contra de la mujer dentro de la sociedad mexicana”.

Redacción ArquiMedios

“La defensa de la vida del recién concebido no es un asunto de dogmas religiosos, sino de derechos humanos”. Así lo enfatiza el documento ‘A FAVOR DE LAS NIÑAS Y MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN Y DEL CONCEBIDO NO NACIDO’, emitido el pasado 12 de agosto por la Dimensión Episcopal para la vida.

Y es que, asienta el texto: los obispos de México estamos preocupados al ver como instancias que deberían proteger la dignidad y los derechos fundamentales, sobre todo de los más inocentes, van claudicando a las propuestas de una cultura de la muerte entendida como una mentalidad, una manera de ver al ser humano y al mundo, que fomenta la destrucción de la vida humana más débil e inocente por parte de los más fuertes y poderosos.

A su inicio, el texto explica que “el pasado 5 de agosto de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó dos proyectos por los que se estimaban procedentes las controversias constitucionales 53/2016 y 45/2016 promovidas, respectivamente, por el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y por el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en contra del Poder Ejecutivo Federal, demandando la invalidez de la “Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar, para quedar como NOM-046-SSA2-2005”.

El documento añade que “es deber de la Iglesia Católica señalar las delicadísimas repercusiones que tiene el texto vigente de la NOM-046 sobre la vida de miles de inocentes y sobre la integridad física, sexual, emocional y psicológica de las mujeres y niñas víctimas del delito de violencia sexual y, en particular, del delito de violación”.

Que exista una denuncia

El texto ofrece una serie de consideraciones, la primera, “la violencia sexual contra las niñas y mujeres es un foco rojo dentro del mapa delictivo nacional y todas las autoridades deben de orientar sus decisiones en la búsqueda de soluciones integrales que fortalezcan la protección de las niñas y mujeres víctimas de violación.

El documento fue publicado por la CEM el pasado mes de agosto

“En este sentido, la NOM-046, al ampliar los criterios para brindar acceso al aborto a las mujeres víctimas de violación y excluir la obligación de la denuncia o querella previa, y la autorización de la autoridad competente, abrió un camino de graves consecuencias, pues promueve la impunidad en favor del agresor (…). Más grave aún, la NOM-046 puede constituir un mecanismo facilitador para que los agresores sexuales coaccionen a las víctimas para que soliciten la práctica del aborto y – con ello– evadan las consecuencias previstas en la legislación penal vigente”, asegura.

“Este panorama refleja una cultura arraigada de violencia y sexualización en contra de la mujer dentro de la sociedad mexicana. En tal sentido, las instituciones públicas que prestan servicios de salud, podrían constituir un pilar de contención a este problema si los mecanismos y criterios de atención a las mujeres víctimas del delito de violación privilegiaran un enfoque integral que incluya –invariablemente– la denuncia o querella previa ante las autoridades de procuración de justicia para investigar y sancionar a los responsables, y en el caso de niñas y adolescentes un mecanismo integral para la restitución de sus derechos”.

Derechos humanos ¿Selectivos?

Otra consideración que hace el documento emitido por los obispos es que: “los ministros de la Suprema Corte habrían de ponderar es que el procedimiento previsto por la NOM-046 –en la práctica– invade el ámbito de competencia propio de cada entidad federativa en materia penal, pues resulta inocua la tipificación del delito de aborto en los Códigos Penales locales cuando, por otro lado, las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, están obligadas a realizar abortos sin necesidad de verificar que el embarazo es producto de una violación y sin contar con la autorización de autoridad competente.

El resultado concreto, no fortalece la protección de las mujeres, atenta de modo flagrante contra cientos de miles de vidas inocentes y pavimenta el camino para la inserción de la cultura de la muerte como dinámica social.

En este sentido, los obispos de México estamos preocupados al ver como instancias que deberían proteger la dignidad y los derechos fundamentales, sobre todo de los más inocentes, van claudicando a las propuestas de una cultura de la muerte entendida como una mentalidad, una manera de ver al ser humano y al mundo, que fomenta la destrucción de la vida humana más débil e inocente por parte de los más fuertes y poderosos.

“La defensa de la vida del recién concebido no es un asunto de dogmas religiosos, sino de derechos humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (Artículo 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”). Si este derecho humano a la vida se defiende de manera selectiva, descartando a los seres humanos que se encuentran en las primeras etapas de su desarrollo, estamos ante un claro ejemplo de injusticia y discriminación, donde se pretende que haya “categorías” de personas, cuya dignidad y derechos dependen de las circunstancias o de la apreciación de unos cuantos.

“Lo decimos con claridad: el respeto al derecho a la vida, no puede ser vulnerado por las circunstancias en que un ser humano fue concebido. Con ello, los obispos de México no pretendemos imponer un concepto religioso sobre la vida y la dignidad del embrión, sino el sumarnos a la garantía de respeto al derecho humano a la vida, que debe ser tutelado por un gobierno respetuoso de los derechos humanos”.

Un efecto inaudito de la cultura de la muerte es que parte de la sociedad aplaude al aborto como una conquista de la libertad individual y pierde de vista que no hay libertad verdadera donde no se ama y respeta la vida. En este sentido, la Iglesia Católica tiene en el centro de su reflexión a dos personas: la madre y su hijo. Tan importante es la protección de la mujer que ha sufrido una violación como importante es la protección de la vida que trae en su seno. Así, debemos buscar, cuidar y atender a ambos con el respeto que su dignidad les merece. No es humano dejar a la mujer sola ante el drama que está sufriendo, pero tampoco lo es quitar la vida inocente que lleva en su vientre.

El documento es firmado por Mons. Jesús José Herrera Quiñonez, Obispo de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, responsable de la Dimensión Episcopal para la Vida; por Mons. Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey y Presidente de la CEM; y por Mons. Alfonso G. Miranda Guardiola, Obispo Auxiliar de Monterrey y Secretario General de la CEM.

Para leer el documento completo visite: https://www.cem.org.mx/Slider/443-ver-detalle.html

En números

Según la información del primer “Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México”5, ocho de cada diez personas que figuran como víctimas de delitos sexuales en averiguaciones previas, son mujeres. Adicionalmente, conforme a los resultados de la “Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares (ENDIREH) 2016”6, el 41.3% de las mujeres mayores de 15 años de edad, han sufrido al menos un incidente de violencia sexual a lo largo de su vida por parte de cualquier tipo de agresor. Asimismo, del total de mujeres que han experimentado violencia física y/o sexual por otro agresor distinto a la pareja, el 88.4% no solicitó apoyo a alguna institución ni presentó queja o denuncia ante alguna autoridad.

Antecedentes

1.- La Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) es una norma técnica emitida por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal en ejercicio de sus atribuciones reglamentarias.

2.- El 16 de abril de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM-046 con el 2 objetivo de regular los criterios para la prevención y atención de la violencia sexual, familiar y contra las mujeres por parte de las instituciones públicas y privadas de salud.

3.- Posteriormente, el 24 de marzo de 2016, con el supuesto fin de “homologar conceptos” con la Ley General de Víctimas publicada en 2013, la Secretaría de Salud Federal modificó los puntos 6.4.2.7, 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.9 de la NOM-0463, con los siguientes efectos para las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud en casos de embarazo por violación:

I. Sustituye el concepto de aborto, por el de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y legaliza la práctica del aborto sin establecer ningún límite en el tiempo de la gestación;

II. Nulifica el ejercicio de la patria potestad como derecho y obligación de los padres de la víctima en esta materia, pues las niñas entre 12 y 17 años que han sido violadas pueden solicitar el aborto sin necesidad del consentimiento de sus padres o de sus representantes legales.

III. Establece como único requisito para tener acceso al aborto, la solicitud por escrito bajo protesta de verdad de la persona afectada de que el embarazo es producto de una violación, eliminando el requisito de la presentación previa de la denuncia o querella y la autorización de las autoridades competentes.

IV. Deshumaniza y renuncia a la atención integral de la víctima, pues el personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, al amparo de una aplicación equívoca del principio de buena fe previsto en la Ley General de Víctimas.

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