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Con una iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos a la Ley de Asociaciones y Culto Público

Iniciativa de derechos sobre libertad de credo con “relleno” tóxico

José Rubén Alonso González

Con una iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos a la Ley de Asociaciones y Culto Público, la senadora de Zacatecas por el partido político Morena, María Soledad Luévano Cantú, el pasado 11 de diciembre de 2019 abrió un debate que se ha reducido a que se eliminará la separación de la Iglesia y el Estado, y a la que “respetuosamente” el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha opuesto en ese aspecto. Una iniciativa que propone reconocer derechos fundamentales en materia de credo religioso, pero con un tóxico dulcificado.

México ya no es lo que fue a comienzos del siglo XX luego de la Constitución Política de 1917 y las seguidas restricciones a las Iglesias y a sus fieles para ejercer libremente su derecho a reunirse, profesar, difundir y ejercer sus creencias; ni mucho menos México es el del siglo XIX con las llamadas Leyes de Reforma que negaron la existencia legal de las Iglesias.

En 1992 se restituyeron los derechos en materia religiosa (libertad de credo, inseparable de la libertad de pensamiento, de reunión, de asociación, de expresión, de trabajo, de educación), y que habían sido eliminados con las Constituciones de 1857 y 1917. Para operar la restitución de derechos en materia de fe y creencias, se creó la Ley de Asociaciones y Culto Público que ahora se quiere “actualizar” con base en la nueva comprensión de los derechos humanos.

La Senadora Lúevano Cantú resalta en la exposición de su iniciativa una serie de derechos que se reconocerían, incorporándolos en la ley. Derechos que se ejercen en la práctica, pero no falta quien los ignore y se oponga a ellos, como cambiar de religión de acuerdo con sus convicciones, no profesar creencias religiosas, expresar y difundir sus convicciones; asociarse y reunirse pacíficamente con fines religiosos y manifestar opiniones fundadas en las propias convicciones religiosas y de conciencia sobre asuntos públicos y sociales; otorgar y recibir asistencia espiritual acorde con su doctrina y profesión religiosa; que padres o tutores de brinden a sus hijos o pupilos bases religiosas y éticas según sus convicciones personales; disponer de los restos mortales de la persona, según su afinidad religiosa; prestar servicios voluntarios y contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de cualquier asociación religiosa, así como a no ser obligado ni coaccionado a ello; fundar, dirigir y promover obras de asistencia y promoción social, cultural y humanitarias; solicitar (no dice obtener) el reconocimiento de validez de los estudios de formación de los ministros de culto.

Entre ellos, en el cómo sin limitantes, y otros cambios está el “tóxico” que habrá que identificar y purgar. Lo “tóxico” se encuentra en hacer absoluto (sin límites) el derecho a la objeción de conciencia, con lo que se podrían vulnerar otros derechos fundamentales, como el de la vida en asuntos médicos; lo “tóxico” está en la colaboración con asuntos y programas sociales para “legalizar” el uso que hace la Administración federal con ministros y fieles de algunas Iglesias Evangélicas (una minoría) para promover programas sociales y la Cartilla Moral que impulsa el Presidente de la República

Hay otros puntos que se proponen modificar, como las restricciones de funcionarios públicos para que asistan como tales (no en su ámbito personal y privado) a ceremonias o eventos religiosos, facilitar los registros de bienes inmuebles de asociaciones religiosas, así como la recepción de donativos y recursos (se cambia recibir lo “indispensable” por “necesario”).

La “burra no era arisca, los palos la hicieron”. Reconocer y ampliar el ejercicio de derechos fundamentales es siempre necesario; sin embargo, tratándose de asuntos de fe, de creencias, de libertades de pensamiento y credo, hay que tratarlo con calma, sin pasión, sin filias ni fobias, por el uso que desde el poder se le pretenda dar. Y si a esto le sumamos que desde las reformas del siglo XIX ha existido un interés, incluso promovido desde el poder, de minar y dividir a México “importando” credos de la nación vecina del norte, e incluso, promoviendo y financiando iglesias mexicanas en el siglo XX, entramos a un terreno donde los “dulces” (derechos) pueden estar cargadas de “tóxico”.

RESALTAR

La iniciativa de la Senadora por Zacatecas, María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, se puede consultar en el siguiente vínculo: http://bit.ly/34z5tDd

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