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Libertad religiosa y medios de comunicación: Foro Ruiz Medrano

El uso de los medios de comunicación en México para difundir mensajes religiosos, invariablemente nos ha llevado a ser testigos de agrias polémicas desde diversos ángulos, siempre sobre el eje del estado laico (que también abre frentes de divergencia).

Hoy, que el Estado mexicano ha dado un paso en este sentido, no nos sustraemos, y dejamos a su consideración distintas visiones de periodistas que, por sus muchos años de oficio en el mundo de la comunicación, pueden ofrecernos luz y contexto para ponderar este hecho: Libertad religiosa y medios de comunicación.


Ni silenciosa ni silenciada

José de Jesús Parada Tovar

Por mandato específico de Jesucristo, la Iglesia por Él fundada está obligada a anunciar su Palabra salvífica y a denunciar todo lo que se oponga al establecimiento del Reino de Dios en la Tierra. Y ha de hacerlo, a través de todos sus miembros, con ocasión y sin ella, utilizando la amplia gama de recursos que permitan la comunicación, incluyendo los más modernos y sofisticados.

Es por ello que no bastan los medios tradicionales de la prédica o las Catequesis Sacramentales, sino que debe incursionarse, con los métodos actualizados que supone el empleo de los Medios de Comunicación, en cada uno de los instrumentos de difusión de las noticias, de las ideas y opiniones.

Ante este desafío, ciertamente la Iglesia en México camina lenta, a la zaga de los avances en materia de información y de penetración social. Mas también es cierto que los tres Poderes de la Unión fingen distraerse en la atención a otros problemas nacionales que juzgan prioritarios, y se desentienden de revisar y poner al día la Ley, de modo que permita, de manera definitiva y sin cortapisas, exponer contenidos referentes a la Religión. Así ocurre en numerosos países que se asumen democráticos.

Y es que no se trata de una dádiva o prebenda. Nuestra Carta Magna establece claramente libertades de creencia, de expresión, de tránsito, de prensa, de cátedra, etcétera. Sin embargo, hay rubros aún no reglamentados, como el de las Redes Sociales, y a éstas se suman millones de actores libertinos e irresponsables.

Mientras tanto, en esta coyuntura de indefinición legislativa, bien convendría que la Iglesia valore su potencial comunicacional, que es vasto. No es suficiente una posición meramente reactiva ante los constantes ataques que recibe, fundados o infundados, como tampoco resulta del todo satisfactorio actuar “a las caiditas”, conformándose con tan pocos espacios que se le conceden. No se vale seguir el juego de simulación y permisividad, porque a la postre lo que no está explícito en la Ley puede ser revocado cuando le parezca bien a la Autoridad. Por otra parte, a la Iglesia le urge contar con suficientes líderes de opinión y cuadros de comunicadores especializados no sólo en la operación tecnológica de las herramientas, sino, sobre todo, en el dominio del lenguaje y contenidos religiosos.


El derecho a la palabra

Juan Carlos Núñez Bustillos

Ninguna libertad es absoluta porque la libertad de uno siempre está en relación con la libertad de otros. Es justamente la relación con los demás lo que le da sentido. Si no hubiera personas a nuestro alrededor el problema del ejercicio de nuestra libertad se reduciría notablemente.

La libertad de expresión tiene límites pues siempre que nos expresamos entramos en relación con los derechos de otros. De hecho, nos expresamos fundamentalmente para otros. Hablamos para que nos escuchen, escribimos para que nos lean, quienes pintan o toman fotografías lo hacen, en principio, para que otros vean su trabajo.

Expresarse implica un proceso de comunicación y ese proceso incluye generalmente al menos a dos entidades, personas o instituciones, que se vinculan y establecen una relación por medio de mensajes. Cuando nos comunicamos tenemos siempre una pretensión de validez, esto es, buscamos que el otro nos crea, que valide aquello que le decimos.

El ejercicio de la libertad de expresión implica entonces el derecho de compartir con otros aquello que consideramos valioso y que queremos que así también lo consideren ellos. Comunicamos aquello que tiene sentido, desde un enunciado práctico como “te invito a comer mañana” hasta una convicción profunda.

Para las religiones, la posibilidad de expresar sus creencias es fundamental. La palabra es el vehículo privilegiado mediante el cual se comparten las convicciones. Cuando esto ocurre quien comunica ejerce en su sentido más profundo su libertad de expresión.

Pero, como decíamos antes, esta libertad no es absoluta porque existen otras personas con convicciones diferentes y están también en su derecho a expresarlas y compartirlas. Expresar una convicción religiosa implica un derecho, pero también una responsabilidad.

Hacernos algunas preguntas puede ayudarnos a hacer un uso responsable de nuestro derecho a la libertad de expresión ¿Comparto algo que me parece valioso o lo impongo mediante argucias o incluso haciendo uso de la fuerza y el poder? ¿Lo que digo daña a alguien? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Respeto el derecho de otros? ¿Escucho? ¿Miento? ¿Manipulo? ¿Discuto con argumentos o ataco a la otra persona? Nuestra palabra tiene consecuencias. Con ella podemos construir o destruir, humanizarnos o deshumanizarnos.


¿Medios públicos confesionales?

José Rubén Alonso González

En México, el espacio radioeléctrico, a través del cual se difunden señales de televisión y radio, está bajo la rectoría del Estado mexicano como un servicio público de interés general, y quien acceda a él para su aprovechamiento y explotación, deberá observar que al ser un servicio público tiene “prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas” (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, artículos 1 y 2).

Arturo Farela Gutiérrez, pastor evangélico y dirigente de la Cofraternidad Nacional, luego de diversos encuentros en los primeros meses de 2019 con el titular del Poder Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, ha informado que el presidente de la República ha iniciado consultas con sus áreas jurídicas para considerar la viabilidad jurídica que posibilite que las Iglesias tengan acceso a frecuencias radioeléctricas, es decir, que puedan tener estaciones de radio y televisión.

El asunto no es menor. Por una parte, se buscar dar formalidad a lo que en la práctica sucede: iglesias de diversas confesiones tienen acceso a la radio y televisión por diversas vías, sobre todo adquiriendo tiempo-aire para transmitir sus mensajes y ofrecer servicios. Claro, entre las distintas confesiones hay de todas: iglesias mexicanas, otras provenientes de Sudamérica, como es el caso de Brasil, y una que otra que encuadraría en la charlatanería mágica.

Toda persona en México tiene derecho a creer lo que quiera y a ejercer su derecho a la libertad de expresión, de difusión, de asociación y ejercicio de su culto, a través de cualquier medio, así como el derecho de acceso a los servicios de radiodifusión, reconocido desde 2013 en el artículo 6° Constitucional.

Sin embargo, el ejercicio de estos derechos requiere ser garantizados y ejercidos en un marco de libertad donde no se puede imponer creencia alguna.

No es lo mismo acceder a servicios de radiodifusión (radio y televisión) que administrar una frecuencia radioeléctrica, y bajo qué modalidad: comercial, público, privado o social. Y por otra parte, bajo qué reglas y criterios, las asociaciones religiosas en México están adquiriendo tiempo-aire para la difusión de sus programas y contenidos.

Es necesario retomar este asunto, bajo las normas existentes, como lo establecido en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en particular lo establecido en el párrafo segundo del artículo 16: “Las asociaciones religiosas y los ministros de culto no podrán poseer o administrar, por sí o por interpósita persona, concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, ni adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva. Se excluyen de la presente prohibición las publicaciones impresas de carácter religioso”.

No quedarse sólo en si se les autoriza o no a las asociaciones religiosas recibir en concesión frecuencias radioeléctricas para radio y televisión, sino las implicaciones que ésta tendría y cómo garantizar principios de pluralidad y libertad, a sabiendas que todo credo religioso es por naturaleza confesional.


¿Hay que replantear la máxima, al César lo que es de César?

Salvador Y Maldonado Díaz

La máxima evangélica de dar al César, lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cobra vigencia ahora que el nuevo gobierno federal pretende alentar una política que busca hacer alianzas con las jerarquías religiosas en aras “de trabajar por la pacificación del país”.

Este tema ha tenido como punto de partida un cambio en el reglamento de, en vez de una reforma constitucional de la Ley de Asociaciones Religiosas y  Culto Público, que traiga la  suficiente certidumbre jurídica en el tema de las citadas alianzas.

Esto viene a colación porque  por unanimidad, recientemente  los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) asignaron  una concesión única de tipo social a la organización civil, pero de origen (una institución evangélica) y nombre religioso, La Visión de Dios. Esta asociación transmitirá radio FM por el 101.9 de Mérida, Yucatán. Como concesión única por 30 años, esta organización ofrecería cualquier tipo de servicio, incluido los de telecomunicaciones, hasta 2049.

Tal determinación del IFT, ya es motivo de debate, sobre hasta qué punto se retrocede en la postura de un Estado laico que puede o no autorizar que los medios electrónicos se utilicen explícitamente para el adoctrinamiento religioso.

La experiencia reciente revela que las concesiones otorgadas a organizaciones religiosas traen consigo riesgos de que estas concesiones pueden también utilizarse para el proselitismo político-partidista; o para alentar una competencia por el mercado de las creencias y con ello incidir en la gobernabilidad.

Esto remite a la pregunta: ¿El espectro público de las telecomunicaciones debe usarse para fines de adoctrinamiento religioso o hay que mantenerlo neutral con una postural laica?

Este tema promovido por el IFT seguirá dando de qué  hablar entre los agentes involucrados, de modo que se evalúe a fondo  la pertinencia de abrir el espectro de las telecomunicaciones a las con concesiones explícitamente confesionales. ¿Conviene apostarle a una sana distancia entre el Estado y las organizaciones religiosas?

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