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“La justicia es como una serpiente, solo muerde a los que van descalzos”

La justicia selectiva

Luis Sánchez

Un informe de la organización México Evalúa, que revisa la información oficial sobre el trabajo de las fiscalías y jueces en 2020, arrojó 94,8% de los delitos quedan impunes; no hay una sentencia, no se llega a un acuerdo entre las partes, no se repara el daño y mucho menos, llegan a un juicio, por otro lado, Según el Índice del Estado de Derecho 2021 del World Justice Project, En México, la ciudadanía no confía en la justicia penal, en específico, en que la policía y el ministerio público investiguen los delitos de manera eficaz.

Lo anterior, viene a confirmar la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), donde se detalla que tan solo 10 de cada 100 delitos cometidos, fueron denunciados y de estos, solamente 3 tuvieron alguna consecuencia jurídica. Aunado a esto, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, levantada por el INEGI, revela que a nivel nacional, el 50.2% de la población que se encontró privada de la libertad durante 2016, y que rindió declaración ante un Ministerio Público, no se declaró culpable; y hasta 46.7% de las personas que sí se declararon culpables, lo hicieron bajo algún tipo de influencia indebida.

Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la fabricación de culpables se da cuando el Estado despliega su maquinaria ejecutiva y judicial, para privar de la libertad a cualquier persona, sin importar si realmente es culpable, con tal de mostrarse capaz de “garantizar” la seguridad de la ciudadanía.

Esta práctica afecta principalmente a grupos históricamente vulnerados frente al poder del Estado, como por ejemplo el género, el nivel de ingreso y el nivel educativo, para el Estado es mucho más sencillo acusar y castigar a quien no se puede defender, para atender la exigencia social de castigo al delito, que realmente hacerle frente a la criminalidad.

Sin embargo, existen también casos donde los presuntos culpables no pertenecen a un grupo social vulnerable y para su fortuna, pueden acceder a una serie de elementos o negociaciones, que les permitan conseguir su libertad, a pesar del turbio proceso penal que viven. Tal es el caso de Alejandra Cuevas y su madre Laura Morán, a quién en 2015, el actual Fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, denunció a Alejandra Cuevas junto a su madre y su hermana, por el homicidio de su hermano, Federico Gertz Manero, quien era pareja sentimental de Laura Morán. Desde entonces, el actual fiscal ha promovido recursos y amparos para que la investigación no se archivase y que, finalmente en 2020, Alejandra Cuevas fuera detenida.

ESTADO DE DERECHO SELECTIVO

La historia de Alejandra dio un giro hace unos días, cuando la SCJN aprobó un proyecto de sentencia que desacredita la versión de la Fiscalía y ordenaba poner en libertad inmediata a una mujer inocente, decisión que es ampliamente celebrada, no solamente por la familia, sino por quienes trabajamos en temas que tienen que ver con la justicia; sin embargo, no podemos dejar de reflexionar, que vivimos en un Estado de Derecho selectivo, que así como permite que el Estado despliegue su aparato institucional para detener, acusar y castigar a personas inocentes, también permite la liberación en casos que tienen presión mediática, de poder público, intereses privados o de gobiernos extranjeros, en donde hay claramente un elemento diferenciador de clase, que pone a la mayoría de las personas detenidas injustamente, en una situación de desventaja ante una justicia selectiva.

PRÁCTICA AUTORITARIA

La fabricación de culpables es una práctica autoritaria del Estado que vulnera los derechos humanos y la democracia, para terminar con ella, es indispensable determinar la responsabilidad de agentes judiciales, ministerios públicos, jueces, magistrados y ministros, además de garantizar la posibilidad un recurso efectivo y al alcance para que toda persona encarcelada injustamente, pueda recuperar su libertad y obtener una reparación integral del daño. El caso de Alejandra Cuevas es la prueba fehaciente de que cuando hay voluntad, la Corte es capaz de remediar enormes injusticias.

Nos leemos la siguiente semana con mejores noticias y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar, desde espacios más informados, que construyen realidades menos desiguales y pacíficas.

lic.luis.sanchez.perez@gmail.com

Acerca de Miroslava Flores Torres

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