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Revocación de mandato: ¿un ejercicio democrático?

 Nicolle Alcaraz

Tras haber sido aprobada la convocatoria para el proceso de revocación de mandato del presidente de la República, el pasado 7 de febrero, han surgido muchas dudas en torno a la pertinencia de este ejercicio y las implicaciones que tendrá a nivel económico, social y político. Recordemos que el 10 de abril del presente año se abrirán las urnas para que los mexicanos acudan a decidir el retiro del cargo del actual jefe del poder Ejecutivo, a través un ejercicio sin precedentes en nuestra nación.

Irregularidades presentes desde el inicio

“La ley en México establece que se requieren 3% del padrón electoral para realizar un ejercicio de revocación, esto equivale a casi 3 millones de mexicanos, y son los ciudadanos los que deben registrarse ante la autoridad electoral, el INE, como promotores de las firmas para llegar a completar ese 3%” aclaró Fernando Guzmán Pérez Peláez, abogado y ex Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco.

A pesar de esto, Peláez puntualizó también que, pasado el periodo de recolección de firmas, que abarcó del 1 de noviembre al 25 de diciembre del 2021, el INE realizó una revisión de estas, basadas en un muestreo, el cual arrojó que alrededor del 25% pertenecían a ciudadanos que comentaron no haber participado en esta primera etapa. Sin embargo, el organismo dictaminó que, incluso con este porcentaje de anomalías, la suma del resto de los documentos recibidos era suficiente para dar luz verde al ejercicio.

Así mismo, un segundo debate surgió durante aprobación de la pregunta a usar durante la consulta, la cual podrá leerse de la siguiente manera: ¿Estás de acuerdo en que a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?

Esto debido a que, en palabras del abogado, “la pregunta se convirtió en doble pregunta: si quieren que se vaya, o si quieren que se quede. Y, bueno, esta no es una ratificación. Es un ejercicio de revocación y debe de haber una sola pregunta”, pero a pesar de dichos señalamientos, los miembros de la Suprema Corte terminaron por mantener la interrogante ya establecida.

¿Qué tan plausible y qué tan costoso?

Con el fin de que la consulta sea vinculatoria, es decir, que sus resultados sean obligatorios y se lleve a cabo la revocación de manera definitiva, es necesario que al menos el 40% del padrón electoral participe en ésta. Lo cual, recordando ejercicios anteriores, como la consulta popular para enjuiciar ex presidentes en donde participaron menos del 8% del electorado, pareciera sumamente difícil de lograr.

Por si fuera poco, el INE publicó que el presupuesto estimado para este ejercicio será de 3 mil 830 millones 448 mil 091 pesos, es decir 20% del presupuesto anual del Instituto, siendo uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa.

“Este recurso que se destinará a la consulta de revocación, es un recurso que se requiere para invertir en otras cosas fundamentales: en salud, el desabasto de medicinas; en educación, lo que ha retrocedido por pandemia y el problema de los niños sin escuelas o en seguridad pública”

“Entonces habría muchos temas en donde estos recursos serían aplicados con mayor beneficio para la sociedad, que hacer un gasto en un ejercicio que, yo creo, no nos va a llevar a ningún lado”, comentó el ex secretario general.

Un ejercicio de imaginación

“En el remoto caso que hubiera una participación muy amplia de la sociedad y que ganara la revocación, no habría una nueva elección para presidente de la República. Lo que habría es un presidente sustituto. Entraría de inmediato, por mandato de la Constitución, el presidente del Congreso, que es del mismo partido que el presidente actual, y, en 30 días, el Congreso designaría (…) un presidente sustituto, quien terminaría el periodo de gobierno de esos 6 años” aclaró Pérez Peláez.

Por lo tanto, para aquellas personas “que piensan que el país va con un grupo equivocado (…) y que se debe buscar un cambio de actitud”, la solución más conveniente radica en esperar al término del sexenio actual, ya que, a pesar de que la revocación de mandato fuese efectiva “no habría realmente un cambio en la conducción o en la ruta que, del país”, mencionó Fernando Guzmán Pérez Peláez.

Acerca de Nicolle Alcaraz

Comunicóloga y reportera para El Semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara.

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