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Medidas del gobierno estatal para combatir las desapariciones

Por Nicolle Alcaraz

“La desaparición forzada de las personas es una herida abierta en Jalisco y en todo el país. Un problema que ha rebasado a nuestra sociedad y uno de los retos más grandes al que debemos hacerle frente”, se lee en el Manual de Información para Víctimas de Desaparición, una de las diversas herramientas que el Gobierno Estatal ha desarrollado para combatir esta crisis que, tan solo en los últimos 3 años, ha reclamado a más de 5 mil personas en nuestro Estado, quienes aún se encuentran desaparecidas (Estadística del RNPDNO).

Ante esta situación, el Gobierno de Jalisco ha tenido que implementar medidas para combatir esta problemática, algunas de las cuales consisten en: 

Aumento al presupuesto y al personal

Una de las prioridades ha sido abastecer a los principales programas, proyectos y organismos involucrados en la atención integral de las personas desaparecidas, esto mediante el incremento presupuestal del anexo transversal dedicado a esta problemática, el cual acorde a la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco, ha aumentado 9.4% desde que fue implementado en 2020.

En lo que respecta a las asignaciones económicas por dependencia, estás también ido en aumento desde el 2019, siendo el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) a quien más presupuesto se la ha asignado, con el fin de continuar con la construcción de un nuevo Centro de Identificación Humana, en donde se implementarán técnicas alternativas para mejorar los procesos de confronta genética, además del mantenimiento de los 6 laboratorios ya existentes y la capacitación constante de su personal, esperando aminorar la carga de trabajo que el propio Gustavo Quezada, Director del Instituto, reconoce que se tiene.

Por otro lado, el personal disponible en cada uno de estos organismos también ha ido en aumento, salvo en el caso del IJCF, que se ha mantenido en con 599 empleados desde el 2019, como lo muestra la siguiente imagen:

Protocolo Alba y Alerta Amber

El Protocolo Alba consiste en un “mecanismo de búsqueda y localización inmediata de niñas, adolescentes y mujeres denunciadas como desaparecidas” el cual busca coordinar a las autoridades federales, estatales y municipales para tener resultados inmediatos para su localización, mediante un reporte telefónico al 911 o directamente a través de una denuncia ante el Ministerio Público o con los propios cuerpos policiales.

Por otro lado, la Alerta Amber es un programa nacional que también promueve acciones de búsqueda en conjunto con las autoridades de los tres niveles de gobierno, enfocándose en la  “pronta localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito ocurrido en el territorio nacional”.

Acceso a la información

En materia digital, se encuentran trabajando en el diseño e implementación de una herramienta web denominada SIDEJAL, la cual tendrá por objetivo concentrar la información obtenida tras la generación de un reporte de desaparición, con el fin de que con su contante actualización pueda contribuir a la no revictimización de las familias que ya habían sido entrevistadas, al volver accesibles dichos datos para las diferentes dependencias que intervienen en la resolución de esta problemática, sin necesidad de repetir cuestionarios o duplicar testimonios. Esto sin mencionar al Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID), que contiene la numeralia en materia de desaparición a nivel Estatal.

Finalmente, incluimos el Manual de Información para Víctimas de Desaparición, el cual “contiene información de utilidad sobre medidas de prevención, autocuidado y redes de seguridad recomendadas por el Gobierno del Estado en conjunto con colectivos de la sociedad civil que se han dedicado a la atención y seguimiento a personas víctimas de desaparición”, además de mencionar las acciones que las autoridades están obligadas a garantizar en este tipo de casos.

Acerca de Nicolle Alcaraz

Comunicóloga y reportera para El Semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara.

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