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No ganó nadie

Jorge Rocha, Académico del ITESO

La agenda política predominante durante la Semana Santa y la de Pascua, ha sido el debate (si así le podemos llamar) en torno a las reformas sobre la producción y distribución de energía eléctrica. Dos hechos marcaron esta discusión: la primera es la validación de los principales artículos de la Ley de la Industria Eléctrica por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación a principios de este mes y luego la no aprobación de las reformas constitucionales que el presidente pretendía hacer para incrementar el control del Estado Mexicano en la generación y distribución de energía eléctrica. Esto en síntesis lo que representa es que: no hubo cambios a la Constitución en materia energética y se mantiene lo aprobado en el Pacto por México, impulsado por Enrique Peña Nieto, pero sí se valida la Ley de la Industria Eléctrica promovida por López Obrador.

Luego de esta coyuntura política, ambos lados tratan de imponer su narrativa en la opinión pública, unos diciendo que la oposición son traidores a la Patria y otros diciendo que el país ganó con estas decisiones. Una vez más ambos grupos políticos mienten en buena parte de sus discursos y polarizan al extremo, tratando de que la ciudadanía tome postura a favor de una u otra parte.

Frente a estos asuntos, me parece muy pertinente hacer algunas reflexiones:

  1. En el debate sobre la reforma eléctrica hubo muy pocos elementos técnicos sobre la mesa, no se hicieron públicos los diagnósticos al respecto, tampoco se dieron a conocer las mejores prácticas en otros países en la gestión de este recurso, tampoco quedaron claros los avances en la transición a energías limpias, no se habló sobre las virtudes y defectos de la inversión privada en este ámbito y no se pusieron sobre el escenario las necesidades energéticas futuras del país, tampoco quedaron claros los intereses privados en el sector y no hubo una evaluación profunda del funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad, entre otras ausencias. Todo se redujo a estar a favor o en contra del presidente y de su oposición.
  2. El nivel de discusión y debate mostrado por los actores políticos, los partidos, sus dirigencias y buena parte de las diputadas y diputados que supuestamente nos representan, es francamente deprimente. La incapacidad de argumentar a favor y en contra desde una posición informada y donde se privilegie el criterio de la soberanía energética presente y futura; y la transición a energías cada vez más limpias es casi nulo y todo está determinado por la defensa de los propios intereses, políticos y económicos. Se suponía que la posibilidad de reelección de legisladores y la existencia de diputados plurinominales son estrategias para garantizar un nivel de debate de calidad. En esta semana está claro que este propósito fracasó y tenemos legisladores que sólo se representan a sí mismos y a sus partidos.
  3. También es cierto que hay posturas consistentes e inconsistentes en esta materia. El PAN y el PRI desde el sexenio de Peña Nieto apoyaron el incremento de la inversión extranjera en el sector energético; el lopezobradorismo siempre se ha decantado por privilegiar la participación estatal en este ámbito, sin embargo, partidos como el PRD, MC y el Partido Verde parecen moverse de acuerdo a las aguas políticos que desde su visión política les favorecen. En ninguno de estos casos han mostrado una argumentación seria al respecto frente a sus posturas cambiantes.

4.- Quizá lo más relevante es que el problema energético de nuestro país no está     resuelto. Ni la reforma peñanietista, ni la lopezobradorista resuelven el problema de seguridad energética presente y futura que tenemos; y tampoco han logrado un proceso claro y eficaz para transitar a energías más limpias. Ahora mismo, ni la CFE ni Pemex son los mejores ejemplos para la gestión de energía y las empresas privadas tampoco cumplieron con las promesas que hicieron hace una década. Es decir, nos quedamos en un punto donde parece que la imposibilidad de avances es prácticamente nula con un problema que no está resuelto.

Luego de estos debates y hechos no ganó nadie y perdimos la oportunidad de construir un mejor futuro para el país.

Post Data

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU presentó su informe sobre México y de este valioso documento recupero tres afirmaciones: primero, entre los años 2006 y 2021 nuestro país experimentó un incremento exponencial de este delito; segundo, los responsables de este problema son funcionarios públicos de todos los niveles y la delincuencia organizada; tercero, urge una política nacional de prevención y erradicación para la desaparición de personas. Esperemos que este informe sea recuperado por las autoridades competentes.

Correo electrónico: jerqmex@hotmail.com

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