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Análisis de la reforma política (parte III)

 Jorge Rocha, Académico del ITESO

En esta tercera entrega, analizaremos la propuesta de reforma político-electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a dos asuntos: el financiamiento a los partidos políticos y la reducción de los cabildos municipales.

Financiamiento a partidos políticos. Desde hace varios años hay un debate muy importante en torno a cuánto dinero del erario público se debe dar a los institutos políticos del país. Algunos, como el que escribe, hemos propuesto una reducción muy significativa estos presupuestos y otros argumentan que una forma de controlar la influencia de poderes fácticos en los procesos electorales, es permitiendo que el Estado financie a los partidos y sus campañas. Lo que es un hecho, es que las arcas del Estado Mexicano otorgan alrededor de 11 mil millones de pesos al año a los distintos partidos políticos y que frente a este asunto el repudio popular es bastante amplio.

La propuesta de López Obrador radica en eliminar el presupuesto público a los partidos en periodos no electorales y que sólo tengan acceso a éste en tiempos de campaña. En los periodos ordinarios podrían recibir recursos de sus militantes para sus labores cotidianas. En principio la propuesta parece muy razonable, pero faltaría poner candados muy claros a los montos y el origen de los recursos privados, tanto para partidos, como para las campañas electorales.

Ahora bien, uno de los asuntos que se omitió en esta propuesta de reforma y que también compete a los partidos políticos, es garantizar la democracia interna de los mismos y subir el techo de los votos para poder ratificarse como partido político. En este asunto se ha hablado de incrementar este porcentaje al 5% de la votación válida, situación que evitaría la existencia de partidos que viven a la zaga de otros a través de alianzas electorales. Cabe señalar que esta reforma supone cambios a la Constitución Mexicana y a las constituciones de cada entidad.

En lo referente a la composición de los cabildos municipales, también en este caso, la propuesta de la presidencia de la República se basa en una fórmula que establece en número de regidores de acuerdo a la población del ayuntamiento. Todos los gobiernos locales mantienen al presidente municipal y síndico, pero las regidurías serían variables de acuerdo a los siguientes criterios poblacionales:

  1. De uno a 60 mil habitantes: Una regiduría.
  2. De 60 mil a 370 mil habitantes: Tres regidurías.
  3. De 370 mil a 690 mil habitantes: Cinco regidurías.
  4. De 690 mil a un millón diez mil habitantes: Siete regidurías.
  5. De un millón diez mil habitantes en adelante: Nueve regidurías.

Por ejemplo, ahora Guadalajara y Zapopan cuentan con 17 regidores cada uno, si esta propuesta prospera, cada ayuntamiento perdería 8 regidores. En esta iniciativa no hay ningún apartado que señale como se conforman los cabildos en lo referente a los representantes ganadores y los regidores de oposición; y se asume por decreto que el mero decremento en el número de regidores nos llevará a un mejor desempeño de los mismos.

Es cierto que ahora esta figura queda muy diluida para la gran mayoría de la población y por ello un asunto importante es discutir sobre el papel de las y los regidores en los gobiernos municipales. Este cambio también supone modificaciones a la Constitución y a las constituciones locales.

Ahora bien, la propuesta del presidente implica la federalización de los procesos electorales, esto significa que la legislación y los órganos electorales sería gestionados desde instancias federales y las legislaciones y órganos electorales locales tenderían a desaparecer, situación que requiere un amplio debate.

Ahora bien, las propuestas de López Obrador en la materia, en general cuentan con un amplio apoyo popular, ya que de acuerdo a una reciente encuesta en El Financiero, el 84% de la población está de acuerdo con la reducción de senadores, el 82% concuerda con tener sólo 300 diputados y el 68% cree que se debe reducir el financiamiento público a los partidos políticos en tiempos ordinarios, sólo por citar algunos ejemplos. Sólo en el caso de transitar del INE al INEC el 49% está a favor, el 31% en contra y 15% no tiene opinión al respecto. Habrá que ver cómo avanza esta discusión en el Poder Legislativo, porque en ambos casos el presidente gana, ya que si no se aprueba culpará a los partidos políticos de no contribuir en la mejora del sistema político en temas donde la ciudadanía está muy molesta o gana porque sus reformas se aprueban, claro que esto se dará en el marco de las elecciones presidenciales del año 2024.

Correo electrónico: jerqmex@hotmail.com

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