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En México, primero se castiga y luego se juzga

La amnistía planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador expone los huecos que existe en la Ley de Procesos Penales.

David Hernández

Al dar a conocer la intención de otorgar una amnistía, el presidente López Obrador expresó que “La justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, debe ser rápida, expedita, ¿cómo va a estar una persona detenida por más de 10 años sin sentencia?”

Para conocer las implicaciones que tiene la amnistía en la persecución penal de los delitos, y el impacto en la población penitenciaria, Semanario entrevistó al especialista en Procesos Penales Héctor Soto García,  consultor del Observatorio Jalisco Cómo Vamos.

Actualmente, en los penales federales hay 12,358 presos sin sentencia, por lo que el decreto los incluirá para que puedan solicitar su libertad.

La amnistía y su impacto

Es muy frecuente la amnistía, por ejemplo, en procesos de transición, tanto de la guerra a la paz, como del autoritarismo a la democracia

El académico Soto García señala que la amnistía que propone el presidente es de felicitar por permitir que salgan de la cárcel personas con 10 años o más sin recibir sentencia, mayores de 75 años, enfermos de 65 años, y personas que hayan sido torturadas.

Para el especialista, el problema no está tanto en el contenido del decreto, porque no es más que poner en práctica lo que ya está en la Ley de Ejecución Penal.

“El tema es porqué suceden estas cosas, y qué otras consecuencias habrá para el Estado, por ejemplo, si va a pagar indemnizaciones a personas que les quitó su libertad ilegalmente”.

Aclara que lo que se pone en cuestión, es todo el sistema penal, el sistema de juzgamiento, y el obrar del poder judicial y de los ministerios públicos.

¿Quién se beneficia de la Amnistía?

 “La gente que más se beneficia con esta medida, es la gente humilde, la gente pobre. La prisión preventiva está hecha para los pobres. Todo aquel que no se pueda pagar un abogado, o un bufete de abogados, corre este riesgo”

El académico Soto García expone que con la amnistía toda la sociedad se beneficia, pues pone en evidencia que cada uno de nosotros corre el riesgo de ser acusado, de que se nos dicte prisión preventiva y pasar una equis cantidad de tiempo en la cárcel, mientras el proceso avanza.

“Por cada persona detenida, hay un fiscal o un ministerio público que solicitó esa prisión, y un juez que la dictaminó y la autorizó. Qué va a pasar con el fiscal que no le dio seguimiento al caso, y que no llegó a juicio; qué va a pasar con el juez que aceptó la solicitud del fiscal o del ministerio público y le quitó la libertad a una persona, por diez años y sin que nadie hiciera nada, ¿por qué alguien le quitó la libertad a una persona, sin los suficientes elementos y sin concluir el proceso de juzgamiento y sentencia?”

La prisión preventiva y sus consecuencias

El experto declara que, en México, primero se castiga y luego se juzga.

“¿Qué es lo que debería pasar cuando un juez dicta prisión preventiva, por ejemplo, por seis meses? Al día siguiente, al día 181, el director de esa cárcel, debe decirle al juez, que va a poner en libertad a esa persona, porque no tiene ningún instrumento que le obligue a retenerlo, y a quitarle su libertad”.

Insiste en que se debe sancionar al juez o fiscal, que solicita prisión preventiva y que no les dan seguimiento, y “que deja a las personas eternamente en la cárcel, sin que haya sentencia”

Es evidente que se necesita realmente una reforma profunda del poder judicial, y que la reforma que se produjo del sistema penal acusatorio, en nuestro país en el 2008, se profundice en las fiscalías.

En realidad, las procuradurías, cambiaron a fiscalías, y solo fue un cambio de nombre, las prácticas siguieron siendo las mismas, por lo que los resultaos son los mismos.

Y argumenta: “hace falta una política criminal estratégica, tanto a nivel federal como a nivel estatal, pero con particular importancia, a nivel estatal, porque de cada cien delitos, menos de diez son federales, la mayoría son del fuero común, se requiere insisto, una visión estratégica de Estado, no de una visión partidista, no una visión particular de un gobierno en turno”

El fondo del problema es el acceso a la justicia

Una de las cuestiones muy importantes es separar la persecución penal del juzgamiento. Una cosa es la política de seguridad, y otra la política de justicia. Mientras se sigan viendo como parte de lo mismo, van a seguir sucediendo capturas que no tienen sustento porque son bajo el sustento de intereses, porque se genera la posibilidad de manipulación política de la justicia.

 “Es contradictorio que el gobierno federal está planteando este decreto, mientras que por otro lado, amplía el catálogo de delitos a los que se les aplica prisión preventiva oficiosa, que va en contra del derecho de la población a un debido proceso, porque abona a que las persona reciban un castigo antes de ser juzgadas”.

Explica, por último, que la sociedad mexicana requiere madurar para llegar a exigir un cambio. Se requiere que tanto el poder ejecutivo, como el legislativo y judicial, se pongan de acuerdo, para establecer una política criminal, en la que claramente se diferencien los tres elementos de la política criminal, la prevención, la persecución penal y la política penitenciaria, para abordar de manera estratégica el derecho a la seguridad y a la justicia.

Acerca de Hugo Rodríguez

Reportero y Community Manager en Arquimedios Guadalajara. | Ciencias de la Comunicación y Administración de la Mercadotecnia. | Periodismo Deportivo. | Locutor en Valora Radio y Radio María. | Reportero y Columnista en TR Fútbol.

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