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¿Un Estado anticatólico?

Pbro. Armando González Escoto

Para poder entender y desglosar el título de este tema, se hace necesario distinguir primero entre Estado y Gobierno.

El Estado es la institución política cuya estructura encarna a la nación, ello incluye instituciones tan importantes y definidoras como la Constitución y su código, pero también un concepto de nación que no necesariamente está escrito, pero que es como el espíritu que conduce la estructura.

El Gobierno, en cambio, es el conjunto de personas que, en un espacio y tiempo concreto, ejerce el poder dentro de un margen amplio de maniobra, con respecto a la estructura del estado. Por lo común, en una democracia partidista, el gobierno da cabida proporcional, según el voto, a las diversas corrientes sociales expresadas por medio de los partidos.

El Estado mexicano comenzó a construirse primero con la ayuda y el apoyo de la Iglesia, después sin la Iglesia y posteriormente en contra de la Iglesia, todo ello en un periodo de 46 años (1821 – 1867). La Guerra de Reforma, que en realidad duró ocho años (1859 – 1867), marcó permanentemente al estado mexicano confirmando en él una profunda actitud anticatólica, expresada tanto en la mayor parte de las Leyes de Reforma, como en la constitución de 1917, cuyo tenor fue sorprendentemente matizado en 1992, sin que al parecer ello modificara el espíritu del estado.

En efecto, el Estado -no necesariamente el gobierno- ha seguido viendo a la Iglesia como un competidor, como una instancia crítica, como una amenaza en tiempos electorales; como una opositora a decisiones y normativas, una institución a la que por lo menos se debe neutralizar.

Neutralizar a la Iglesia ha supuesto todo tipo de experimentos, desde la persecución abierta, legalizada o ilegal, hasta la promoción de una Iglesia cismática en los tiempos del presidente Calles. Con esa misma intención el Estado mexicano comenzó a introducir el evangelismo protestante desde mediados del siglo XIX, brindándole todo tipo de apoyos, incluso transfiriendo a los sectarios locales e iglesias católicas.

Los problemas legales que recientemente ha tenido el líder de una secta avecindada en Guadalajara, pusieron de manifiesto hasta qué punto, Estado y Gobierno -nacional y estatal- han contribuido con todos sus recursos a favorecer y beneficiar a ese grupo religioso, no sólo por el interés de los votos o de los apoyos económicos, sino porque promover la actividad de las sectas en deterioro de la Iglesia, ha sido la política permanente del Estado mexicano desde por lo menos 1859.

Por supuesto que los políticos tratan de justificar este tipo de protección, promoción y aliento a las sectas, con todo tipo de eufemismos, pues no está en su capacidad, advertir el profundo daño que provocan al tejido social mexicano, si a cambio logran debilitar el catolicismo. Por supuesto, afirmar que eso sea un Estado laico resulta un despropósito, si lo fuese en realidad, no tomaría partido en favor de éstos, pues eso supone estar en contra de los demás.

Acerca de Rebeca Ortega Camacho

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