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Libertad religiosa y de expresión, no puestos en el gobierno

Editorial de Semanario #1177

El Reglamento de la Secretaría de Gobernación, en su Artículo 86, Fracción XIX dice que la dirección de Asuntos Religiosos establecerá “estrategias colaborativas con las asociaciones religiosas, iglesias (…) para que participen en proyectos de reconstrucción social y cultura de paz de las atribuciones materia de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos”.

Así se explica oficialmente la presencia de Josué Farelas Pacheco, como uno de los coordinadores de los Servidores de la Nación, en la 4T. Es hijo de Arturo Farelas, líder de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), creada en 1992, que agrupa a iglesias y a ministros de culto cristianos evangélicos y que, en el conjunto de las iglesias evangélicas en México, representa el 2%.

Según Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el portal de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública (SFP) especifica que el sueldo bruto que percibe Josué Farelas Pacheco es 73 mil 507 pesos mensuales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador les ha encargado repartir por el país la Cartilla Moral, y tiene salario cobra como coordinador regional de los Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar, al mismo tiempo es asesor jurídico de la asociación evangélica que dirige su padre.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó un título de concesión -el 101.9 MHz en la ciudad de Mérida, Yucatán- a la organización evangélica denominada La Visión de Dios, AC, lo que se ha juzgado como una abierta violación a la legalidad e interpreta como un pago por servicios del Partido Encuentro Social (PES), en el  que participan varias asociaciones denominadas evangélicas.

Los funcionarios de la 4T argumentan que no quieren la participación activa de las iglesias en la vida política, sino “su influencia y grado de penetración en el territorio”, pero la práctica dice que la frontera entre la actividad política y la influencia es muy frágil, por lo que es necesario reflexionar en la laicidad, el Estado y la libertad religiosa.

Fue en Cuba, en 1998, donde Juan Pablo II confirmó que “el Estado, lejos de todo fanatismo o secularismo extremo, debe promover un clima social sereno y una legislación adecuada que permita a toda persona y a toda confesión religiosa vivir libremente su propia fe, expresarla en los ámbitos de la vida pública y poder contar con los medios y espacios suficientes para ofrecer a la vida de la nación sus propias riquezas espirituales, morales y cívicas”.

El respeto del principio de laicidad exige a los católicos reconocer la justa autonomía de las realidades temporales, entre las cuales se encuentra la comunidad política.

En la actualidad, la laicidad es invocada y utilizada para obstaculizar la vida y la actividad de la Iglesia católica, por su dimensión y amplia presencia en la vida social.

En estricto sentido, los Estados tienen que actuar como garantía de la libertad religiosa y si no se refieren a ella, dejan de tener sentido o se transforman en manifestación de estatismo. Para la Iglesia católica mexicana, el tema más importante no son las concesiones de medios de comunicación, sino la libertad religiosa y la libertad de expresión como derecho humano.

Acerca de Rebeca Ortega Camacho

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