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Punto de quiebre en el combate a la corrupción

Jorge Rocha

Hace unas semanas la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, fue vinculada a proceso por el presunto desvío de recursos públicos en lo que se ha llamado la “estafa maestra”, donde se acusa de irregularidades en el manejo del dinero público que ascienden a cinco mil millones de pesos.

En este momento, Rosario Robles está en la cárcel de Santa Martha Acatitla, donde prepara su defensa legal. La llamada “estafa maestra” es un caso dado a conocer por la agrupación Mexicanos contra la Corrupción y el portal Animal Político, con datos de la Auditoría Superior de la Federación, donde se describen los mecanismos y las redes de complicidades que se implementaron para llevar a cabo estos desvíos millonarios de recursos; también se señala la participación de universidades públicas, sobre todo del Sureste del país, que presuntamente participaron en estas redes de corrupción.

La expectativa social en torno a este asunto es muy grande, ya que puede representar el punto de quiebre frente al problema de la impunidad en la administración pública y una nueva forma de encarar la agenda de la corrupción en México.

El futuro de este caso se puede traducir en al menos dos escenarios:

a) Que se convierta en el “Quinazo” del lopezobradorismo

b) Que sea la primera de una serie de investigaciones, donde se vayan resolviendo los casos de corrupción en el país.

Desde hace años, la palabra “Quinazo” se hizo parte del vocabulario de la clase política del país, para describir lo acontecido en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando el entonces presidente de la República -a semanas de haber tomado el cargo- metió a la cárcel a Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, quien era el secretario general del Sindicato de PEMEX. El hecho fue profundamente mediático y trataba de legitimar al gobierno entrante, sobre el cual pesaba una seria acusación de fraude electoral. El combate a la corrupción se quedó allí, ya que luego de esta operación, no se vieron casos similares en ese periodo de gobierno.

En la gestión de Peña Nieto pasó algo similar con Elba Esther Gordillo; también fue recluida en la cárcel casi todo el sexenio, sin embargo, ahora está en libertad y tampoco se continuaron con investigaciones similares.

Dada la historia reciente del país, sobre el gobierno de López Obrador pesa la sospecha de que el caso Rosario Robles sea el “Quinazo” del sexenio, que sirva para legitimar al gobierno en turno, además de mostrar músculo político a los adversarios. Esto sin duda representaría una tragedia para el país, ya que volveríamos irremediablemente a las prácticas del pasado.

El otro camino es que Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto, Fiscal General de la Republica y el titular de la Unidad de Investigación Financiera respectivamente, puedan construir un caso sólido jurídicamente para lograr que, los responsables de estos desvíos sean sancionados por estas conductas, pero sobre todo que se puedan desmantelar las redes de complicidades y los mecanismos implementados que permiten estas millonarias fugas de dinero.

Seguir este camino implicaría que otros casos de corrupción también sean investigados y que las dinámicas de la impunidad se vayan resquebrajando. Por esta razón este caso es tan importante, no sólo por la cantidad de dinero que presuntamente fue mal utilizada, sino porque sentaría un precedente muy contundente frente a la lucha contra la corrupción en el país.

Que el caso “estafa maestra” sólo quede como un espectáculo mediático puede generar que la credibilidad del presidente en esta agenda quede por los suelos y que una de sus principales promesas de campaña quede en entredicho. Por otro lado, puede representar el punto de quiebre, que nos encamine a resolver uno de los problemas más graves y profundos que nos aquejan como sociedad desde hace varias décadas.

Correo electrónico: jerqmex@hotmail.com

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